Es la etapa de la planeación. Aquí se formula, se estructura y se evalúa la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica y financiera de las opciones posibles. Se define cuál es el problema real y se elige la mejor alternativa para resolverlo. Termina cuando el proyecto obtiene la viabilidad.

Aquí es donde su junta puede aportar más. Es la etapa que menos dinero cuesta y la que más define el resultado final.

Se desarrollan las actividades que permiten entregar los bienes y servicios definidos. Inicia cuando el proyecto ya cuenta con recursos disponibles y va hasta el cierre de su ejecución financiera. Es la etapa del seguimiento, donde se corrige el rumbo si algo se desvía.

Los productos entran en funcionamiento y se generan los beneficios esperados. Requiere recursos de puesta en marcha y mantenimiento que debieron preverse desde la planeación. Preguntar «¿quién mantiene esto y con qué plata?» desde el primer día es lo que evita el salón comunal abandonado tres años después.

Es el módulo donde la comunidad aporta más y donde más proyectos se arruinan. Se construye el árbol de problemas: el tronco es el problema central, las raíces son las causas y el follaje son los efectos. Cada elemento del árbol es consecuencia de los que están debajo de él.

Luego ese árbol se «voltea» y se convierte en árbol de objetivos: el problema central se transforma en objetivo general, las causas en objetivos específicos y los efectos en fines. De ahí salen las alternativas de solución.

También se define aquí: la magnitud del problema con cifras, quiénes son los participantes y qué posición tienen frente al proyecto, cuál es la población afectada y cuál la población objetivo.

Se calcula el déficit: cuánto se necesita (demanda) frente a cuánto ya existe (oferta). Esa resta define el tamaño real del proyecto. También se decide la localización exacta y se analizan los riesgos.

Y se arma la cadena de valor, que es la columna vertebral del proyecto: los insumos se transforman mediante actividades, las actividades producen bienes y servicios, y esos productos cumplen los objetivos. Los costos se asignan a los insumos, agrupados en once categorías: mano de obra calificada y no calificada, materiales, servicios domiciliarios, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, transporte, alojamiento y alimentación, servicios a las empresas y servicios sociales.

Aquí se compara el dinero que sale con los beneficios que entran, pero no solo en plata. El flujo financiero se corrige con las llamadas Razones Precio Cuenta para obtener el flujo económico, que refleja el valor real para la sociedad y no únicamente el precio de mercado.

Con eso se calculan indicadores como el Valor Presente Neto Económico y la Tasa Interna de Retorno Económica. El resultado permite decidir: seleccionar la alternativa, ajustarla, postergarla o descartarla.

Cada producto se asocia a un indicador estandarizado tomado del catálogo de productos del DNP, con su meta para cada periodo y su fuente de verificación: documentos oficiales, informes de supervisión o interventoría, evaluaciones, encuestas o registros contables.

Además se distribuyen las metas y los recursos por departamento y municipio, y se caracteriza a la población beneficiaria: grupos de edad, pertenencia étnica, género, condición de víctima o de discapacidad. Aquí importa saber exactamente a quién beneficia la obra.

La junta puede llegar a la secretaría de planeación con la fase de perfil ya trabajada: problema central bien definido, causas y efectos, población cuantificada, alternativas analizadas. Ese documento es justo lo que el municipio necesita para poder estructurar y registrar el proyecto sin partir de cero.

El módulo de identificación se alimenta de ejercicios con la comunidad afectada, registros, diagnósticos y cualquier fuente que aporte datos relevantes. La JAC es, literalmente, la mejor fuente primaria del territorio: conoce las familias, tiene el censo de afiliados, sabe cuántas viviendas carecen del servicio.

La Ley 2166 de 2021 faculta a los organismos de acción comunal para celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del Estado hasta por la menor cuantía, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales de desarrollo. Su artículo 95 regula los convenios solidarios, mediante los cuales las entidades pueden contratar directamente con los organismos comunales la ejecución de obras hasta por la menor cuantía, contratando con los habitantes de la comunidad.

Liste las situaciones negativas más importantes según la comunidad, organícelas viendo cuál depende de cuál y elija una sola como problema central. Deje todo en acta: ese documento vale como soporte de participación comunitaria.

No escriba «falta un salón comunal». Escriba qué le está pasando a la gente por no tenerlo. Si empieza por la solución, cierra la puerta a alternativas más baratas o más efectivas que quizá no ha considerado.

Causas abajo, efectos arriba. Léalo de arriba abajo y de abajo arriba hasta que la cadena causal refleje la realidad, y también de izquierda a derecha para no repetir lo mismo con otras palabras.

Cuántas personas, cuántas viviendas, cuántos metros, desde cuándo. Aquí es donde el censo de afiliados, la encuesta socioeconómica y los registros de su junta se convierten en el activo más valioso que tiene.

El problema se vuelve objetivo general, las causas se vuelven objetivos específicos y los efectos se vuelven fines. De ahí salen las acciones y, agrupándolas, las alternativas de solución que vale la pena estudiar.

Un proyecto que no cabe en el plan de desarrollo municipal ni en el ordenamiento territorial tiene pocas probabilidades. Averigüe en qué programa del plan encaja su iniciativa y qué meta le ayuda a cumplir a la administración.

Entregue el perfil formulado y solicite apoyo de la secretaría de planeación. El municipio hará la estructuración final, el registro en la plataforma y el trámite de viabilidad. Mantenga comunicación escrita y trazable: la constancia documental es su mejor herramienta de veeduría.

El proyecto no termina con la obra entregada. Pregunte desde el principio quién la va a mantener y con qué recursos. Esa pregunta, hecha a tiempo, es la diferencia entre una obra que dura y una que se pierde.

No para las generalidades ni para la fase de perfil, que es donde su junta más aporta. Los cálculos económicos del módulo 3 sí requieren apoyo técnico, y para eso está la secretaría de planeación del municipio. Lo que nadie puede hacer por usted es definir bien el problema y aportar los datos del territorio.

El registro de proyectos en el banco municipal lo hacen las entidades públicas. Lo que su junta debe hacer es entregar el perfil formulado y solicitar acompañamiento. Pregunte en la secretaría de planeación cuál es el procedimiento y en qué plataforma están trabajando actualmente.

Depende del tamaño, de la fuente de financiación y de los tiempos presupuestales del municipio. Los recursos se programan por vigencias fiscales, así que un proyecto radicado a mitad de año generalmente compite por el presupuesto del año siguiente. Presentar temprano importa.

Es normal y no es el fin. La metodología contempla expresamente reformular, postergar o descartar. Pida por escrito las observaciones, corrija y vuelva a presentar. Cada versión queda mejor que la anterior.

El DNP viene implementando de manera gradual la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), que unifica en un solo sistema el ciclo completo de la inversión pública. La metodología —árbol de problemas, cadena de valor, indicadores— no cambia; lo que cambia es dónde se registra la información. Verifique con su municipio en qué sistema se está trabajando.